Nuestro servicio jurídico de Derecho Administrativo asesora y defiende los derechos de los particulares y empresas privadas en sus relaciones con la Administración Públicas (administración estatal, autonómica y local).
Actuamos tanto en vía administrativa así como en la posterior vía judicial contencioso-administrativa en todo tipo de materias y en particular:
- Reclamaciones administrativas
- Recursos administrativos y contenciosos
- Sanciones urbanísticas
- Sanciones de medio ambiente.
- Sanciones tributarias.
- Sanciones de transporte
- Sanidad y consumo
- Indemnizaciones por daños contra la administración (ayuntamientos, diputaciones…)
Caso de éxito: Anulación de valor catastral de finca.
Nuestro cliente solicitaba la modificación del valor catastral asignado una finca de su propiedad al considerar que dicho valor superaba el valor real de mercado de la propiedad. La finca fue tasada como un solar completamente urbanizado, cuando en realidad, según informes y certificados municipales, el Plan de Actuación Urbanística (PAI) había caducado, y la propiedad carecía de la urbanización necesaria para ser considerada un solar.
Mediante un recurso contencioso-administrativo se impugnaron dichos valores y se demostró que el valor catastral asignado era significativamente mayor que el valor de mercado real de la finca, principalmente debido a un error en la consideración del terreno como un solar. A pesar de la oposición del Abogado del Estado, quien alegó que el valor catastral estaba correctamente fijado y no había pruebas suficientes para demostrar lo contrario, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aceptó los argumentos invocados por nuestra parte estimándonos nuestro recurso.
Es decir, el Tribunal reconoció que el valor catastral de la finca era incorrecto al haberse basado en la clasificación errónea del terreno como un solar urbanizado. Por lo tanto, decidió anular el valor catastral de la finca. Además, el Tribunal aclaró que los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los años 2017 a 2020 debían ser ajustados y devuelta la diferencia a nuestro cliente.
Es importante señalar, que este resultado no solo benefició económicamente a la cliente, sino que también ha sentado un precedente importante en la correcta aplicación de los métodos de valoración catastral y el reconocimiento de errores administrativos en la clasificación de inmuebles.